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El tema de la cinta costera, fase III, sigue en el ojo de la tormenta. La última noticia en los medios reveló las fuerzas e intereses que empujan la decisión de “conectar” la Avenida Balboa con el sector de Barraza y Amador. El eco del grito: ¡la cinta va, porque va! retumba por todos los rincones del ordenamiento jurídico e institucional de este país.
El planteamiento de agitadores políticos para confrontar a las clases sociales y la descabellada idea de un referendo para decidir un relleno por el Casco Antiguo superó el alcance de los términos y la manipulación de la estructura legal y administrativa y de la institucionalidad panameña.
El tinglado entre los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas e inversionistas privados, con intereses y parientes en el Gobierno, parece revelar en primer round los verdaderos intereses sobre el empeño de resolver los “problemas sociales” de vialidad urbana, condición social de los chorrilleros y el vía crucis del transporte en la capital. Maritime City, la ciudad soñada en el sector de Amador, debuta con un tufo de inconstitucionalidad, conflicto de interés, corrupción y manipulación institucional.
El patrimonio cultural panameño, los bienes revertidos de la antigua Zona del Canal, el fondo de mar, las costas, la Constitución, la ley de tierras, las instituciones responsables de su administración están de remate, mediante una transacción teñida de corrupción, tráfico de influencias y opacidad.
Maritime City parece estar lejos del interés social que justifica una inversión millonaria en el sector de Amador. Se proyecta como un proyecto manipulado y opaco. Irrumpe como un proyecto privado que amenaza el perfil marino y urbano de la ciudad. Pareciera atentar contra las normas de la Constitución Nacional y empuja a modificar el tejido de leyes y a las normas e institucionalidad panameña sin una justificación discutida en el pleno de la sociedad panameña. El proyecto en Amador pareciera un monopolio del negocio marítimo, un expolio de los recursos fiduciarios de los bienes revertidos, un desprecio a los esfuerzos de planificación turística desarrollada para el sector de las isla Este cuadro ofrece preocupación a los panameños honestos seguidores de los procesos de desarrollo de este país.
El tono de la discusión pone en evidencia lo medular de un conflicto entre lo público y lo privado. El “dejad hacer, dejad pasar”, va más allá de lo económico y de la intervención del Estado y, en Panamá, no pasa nada.
La recomendación de la Unesco de suspender la cinta costera, fase III, y el compromiso del Gobierno de presentar para evaluación ante el Centro de Patrimonio Mundial y su cuerpo asesor, los estudios y propuestas relacionadas con el proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas y evaluaciones ambientales correspondientes, parecen oler a “flores de la Habana”.
Somos testigos de lo que parece la intención no declarada de manipulación del ordenamiento jurídico, del irrespeto a la institucionalidad pública frente a un proyecto de dudoso interés colectivo y que atenta directamente con la integridad y continuidad del patrimonio cultural, natural, urbano, financiero y marítimo de los panameños.
Es necesario decir acá que la iniciativa y el riego del capital privado para el desarrollo han impulsado desarrollos exitosos y armoniosos en otras latitudes del planeta. Esta participación es necesaria e invaluable para alcanzar metas de desarrollo en una alianza estado-sociedad. El capital privado panameño debe contribuir en sociedad con la institucionalidad oficial, en el marco que establece la normativa que regula el funcionamiento social. La iniciativa y capital privado pueden producir otros resultados, en transparencia y alejados del miedo del trauma social que estamos por presenciar.
Mientras esto sucede en Panamá, somos distraídos por los comunicadores sobre el precio y el peso de las michitas de pan. Permanecemos como mudos testigos, desperdiciando oportunidades de discutir con amplitud la inversión exitosa bajo una práctica inédita en lo administrativo-institucional, como muestra de ingobernabilidad y de irrespeto a la norma, a la institucionalidad y a la democracia.
